¿LA JUNTA QUIERE QUE LOS MAÑAGUEÑOS MURAMOS?
El crecimiento poblacional experimentado por Málaga en las dos últimas décadas ha sido muy superior al aumento de los recursos hospitalarios de la provincia. Desde 1993, cuando se puso en marcha el Costa del Sol de Marbella, no se ha abierto ningún hospital, con la excepción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (CHARE) de Benalmádena, que se inauguró en noviembre de 2007, pero que sólo dispone de 25 habitaciones. Parte de esas carencias se resolverían con la construcción del macrohospital, pero el proyecto sigue sin fructificar ante la falta de acuerdo en las negociaciones mantenidas entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Málaga.
El resultado de ese desfase entre el incremento de la población y la dotación de hospitales públicos repercute negativamente en la asistencia, ya que hay un importante déficit de camas y Málaga está en el furgón de cola de Andalucía en las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas de especialista, como se recoge en la propia página web del SAS, cuyos datos fueron actualizados a 31 de diciembre de 2009. Los ciudadanos demandan cada vez una mayor y mejor atención y, en cambio, no se abren más centros hospitalarios.
Los números no mienten. La provincia de Málaga en 1993 tenía 1.191.995 habitantes, mientras que, según el padrón de 2008, la población ascendía a 1.593.068 personas, lo que supone un aumento del 33,65%. En ese sentido, el secretario provincial de Sanidad de Comisiones Obreras, Rafael González Delgado, dijo a este periódico que se mantiene «el olvido histórico» que provoca que Málaga soporte un imparable incremento de la demanda asistencial sin que haya un desarrollo de la dotación hospitalaria. Esa circunstancia redunda en la calidad de la atención que se ofrece a los pacientes y origina una dilación del tiempo que estos pasan en las listas de espera del SAS. Esto, a juicio de González Delgado, se debe a la escasez de infraestructuras sanitarias especializadas, que no han experimentado la subida que hacía falta para igualarse o al menos aproximarse a ese tercio que ha aumentado la población en los diecisiete años transcurridos desde la apertura del Hospital de la Costa del Sol.
martes, 28 de agosto de 2012
miércoles, 22 de agosto de 2012
Guerrero y Rivas comparecen en la comisión de los ERE
22.08.12 - 08:54 - EFE | SEVILLA
El ex director general de Trabajo implicó como conocedores del sistema a Chaves y Griñán .La jueza le imputa al exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla su "activa participación" en la inclusión de varios "intrusos" en los ERE de empresas donde nunca habían trabajado.
El ex director general de Trabajo implicó como conocedores del sistema a Chaves y Griñán .La jueza le imputa al exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla su "activa participación" en la inclusión de varios "intrusos" en los ERE de empresas donde nunca habían trabajado.
Errores en la base de datos de la JUNTA provocan numerosas quejas por el copago
El desfase se debe en muchos casos a que la información aportada por la Agencia Tributaria corresponde a 2010
El copago de las medicinas por parte de los pensionistas sigue generando polémica. Errores en la base de datos cruzados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Agencia Tributaria provocan que haya jubilados que estén pagando más dinero del que tendrían que abonar. Esa circunstancia ha suscitado numerosas quejas por parte de los afectados, según han denunciado a este periódico algunas de las personas que se han visto perjudicadas por esas anomalías.
Al ser incorrectos los datos económicos que aparecen en la tarjeta sanitaria de esos usuarios, los farmacéuticos les cobran más de lo que realmente deberían pagar. Los pensionistas sufragan el 10 por ciento de los medicamentos, con un tope mensual de 8, 18 o 60 euros, en función de sus ingresos anuales. También sufren esos fallos trabajadores en activo, cuyos datos de ingresos tampoco son los pertinentes.
Fuentes de la Delegación Provincial de Salud dijeron ayer a este periódico que la información aportada por la Agencia Tributaria corresponde a 2010, hecho que favorece que se produzcan inexactitudes que originan molestias a los ciudadanos. La Consejería de Salud, para tratar de dar una solución a esas anomalías, dispone de un formulario para que las personas afectadas reclamen su situación de aseguramiento o copago ante el INSS. El documento se encuentra disponible en los centros de salud y en las páginas web de la consejería y del SAS.
Reclamaciones
Desde de la entrada en vigor del copago para los pensionistas, el pasado 1 de julio, se han puesto de manifiesto numerosas situaciones de desacuerdo expresadas por la ciudadanía. Con el fin de resolver las discrepancias que están surgiendo entre los datos que figuran en determinadas tarjetas sanitarias y la situación real, el INSS, a petición de la Consejería de Salud, ha creado un instrumento de reclamación y subsanación de posibles errores o desactualizaciones.
Se trata de un formulario que permite al usuario exponer el error o desacuerdo en el tipo de aportación farmacéutica asignado o en el tipo de aseguramiento, así como clarificar la situación en la que manifiesta estar: trabajador en situación de alta o asimilada a la de alta; pensionista de la Seguridad Social; desempleado cobrando prestación o subsidio; perceptor de prestación periódica de la Seguridad Social; trabajador que agotó la prestación por desempleo y permanece desempleado; trabajador que agotó el subsidio por desempleo y permanece desempleado; persona que reside en España y no supera el límite de rentas establecido, o persona que tiene suscrito un convenio especial de asistencia sanitaria.
Una vez completado, el documento debe presentarse en cualquier registro oficial (ayuntamientos, Diputación, cualquier registro de la Junta de Andalucía o de la Universidad) desde donde lo enviarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que sea este organismo el que tramite las modificaciones pertinentes, ya que este procedimiento es competencia exclusiva del Gobierno central, señalaron fuentes de Salud.
El copago de las medicinas por parte de los pensionistas sigue generando polémica. Errores en la base de datos cruzados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Agencia Tributaria provocan que haya jubilados que estén pagando más dinero del que tendrían que abonar. Esa circunstancia ha suscitado numerosas quejas por parte de los afectados, según han denunciado a este periódico algunas de las personas que se han visto perjudicadas por esas anomalías.
Al ser incorrectos los datos económicos que aparecen en la tarjeta sanitaria de esos usuarios, los farmacéuticos les cobran más de lo que realmente deberían pagar. Los pensionistas sufragan el 10 por ciento de los medicamentos, con un tope mensual de 8, 18 o 60 euros, en función de sus ingresos anuales. También sufren esos fallos trabajadores en activo, cuyos datos de ingresos tampoco son los pertinentes.
Fuentes de la Delegación Provincial de Salud dijeron ayer a este periódico que la información aportada por la Agencia Tributaria corresponde a 2010, hecho que favorece que se produzcan inexactitudes que originan molestias a los ciudadanos. La Consejería de Salud, para tratar de dar una solución a esas anomalías, dispone de un formulario para que las personas afectadas reclamen su situación de aseguramiento o copago ante el INSS. El documento se encuentra disponible en los centros de salud y en las páginas web de la consejería y del SAS.
Reclamaciones
Desde de la entrada en vigor del copago para los pensionistas, el pasado 1 de julio, se han puesto de manifiesto numerosas situaciones de desacuerdo expresadas por la ciudadanía. Con el fin de resolver las discrepancias que están surgiendo entre los datos que figuran en determinadas tarjetas sanitarias y la situación real, el INSS, a petición de la Consejería de Salud, ha creado un instrumento de reclamación y subsanación de posibles errores o desactualizaciones.
Se trata de un formulario que permite al usuario exponer el error o desacuerdo en el tipo de aportación farmacéutica asignado o en el tipo de aseguramiento, así como clarificar la situación en la que manifiesta estar: trabajador en situación de alta o asimilada a la de alta; pensionista de la Seguridad Social; desempleado cobrando prestación o subsidio; perceptor de prestación periódica de la Seguridad Social; trabajador que agotó la prestación por desempleo y permanece desempleado; trabajador que agotó el subsidio por desempleo y permanece desempleado; persona que reside en España y no supera el límite de rentas establecido, o persona que tiene suscrito un convenio especial de asistencia sanitaria.
Una vez completado, el documento debe presentarse en cualquier registro oficial (ayuntamientos, Diputación, cualquier registro de la Junta de Andalucía o de la Universidad) desde donde lo enviarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que sea este organismo el que tramite las modificaciones pertinentes, ya que este procedimiento es competencia exclusiva del Gobierno central, señalaron fuentes de Salud.
Los vecinos cortan la carretera por la continuidad del campamento okupa en los Baños del Carmen
Medio centenar de personas cortaron ayer durante 15 minutos la calle Bolivia a la altura de los Baños del Carmen
La Opinión de Málaga
NOTICIAS RELACIONADAS Nereo presenta hoy una denuncia ante Costas y el juzgado. Málaga Alfonso Vázquez La paciencia de los vecinos de Pedregalejo que tienen que convivir desde hace más de dos años con el campamento okupa de los Baños del Carmen se desbordó ayer, cuando tras una reunión de la asociación de vecinos de Pedregalejo delante del Balneario, unas 60 personas decidieron cortar, como protesta, la calle Bolivia.
Hacia las 11 menos cuarto de la mañana y durante unos 15 minutos, la calle Bolivia permaneció cortada a la altura del antiguo camping de los Baños hasta la llegada de una furgoneta de la Policía Nacional y efectivos de la Local.
«Y la semana que viene no sabemos el día pero cortaremos la carretera ya en plan serio, con pancartas», explicó ayer a este diario Gracia Marchena, vecina del Callejón del Perejil, quien la mentó que la Policía no acuda cuando los vecinos tienen problemas con los indigentes de los Baños.
Como publicó La Opinión el pasado viernes 17, en la madrugada del jueves 16 se produjo en el Callejón del Perejil un cortocircuito en el enganche ilegal de la luz del campamento de okupas, produciéndose un incendio y una intensa humareda, lo que motivó la llegada de los bomberos.
Los vecinos también achacan el accidente a la práctica de algunos okupas de quemar un par de veces por semana cables robados para sacarles el cobre.
El presidente de la asociación de vecinos de Pedregalejo, Antonio Delgado, que se sumó al corte de la carretera, criticó las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del subdelegado del Gobierno, Jorge Hérnández Mollar del pasado abril, cuando aseguraron que en dos meses el campamento okupa quedaría desmantelado. «Crean unas expectativas de alivio para los vecinos y ahora dicen que hay problemas jurídicos, pues mejor es que se hubiesen callado», dijo.
El presidente vecinal informó además de que la asociación de vecinos de Pedregalejo va a denunciar el caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz, y está a la espera de enviarle toda la documentación. Antonio Delgado recordó que su colectivo se ha reunido con todos los responsables posibles para transmitirles las quejas por la situación de abandono de los Baños del Carmen y el perjuicio que causa el campamento ilegal a los vecinos, aportando además documentos. En este sentido explicó que las dos últimas reuniones han sido con el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, José Luis Ruiz, así como con el nuevo jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González.
Según denuncian los vecinos, el anuncio de desalojo ha provocado la llegada de más okupas, a lo que se suma el aumento de indigentes de todos los veranos y por otro, la ocupación de dos casas mata junto al mercado de Pedregalejo por un grupo de antiguos okupas de los Baños del Carmen.
La Opinión de Málaga
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Hacia las 11 menos cuarto de la mañana y durante unos 15 minutos, la calle Bolivia permaneció cortada a la altura del antiguo camping de los Baños hasta la llegada de una furgoneta de la Policía Nacional y efectivos de la Local.
«Y la semana que viene no sabemos el día pero cortaremos la carretera ya en plan serio, con pancartas», explicó ayer a este diario Gracia Marchena, vecina del Callejón del Perejil, quien la mentó que la Policía no acuda cuando los vecinos tienen problemas con los indigentes de los Baños.
Como publicó La Opinión el pasado viernes 17, en la madrugada del jueves 16 se produjo en el Callejón del Perejil un cortocircuito en el enganche ilegal de la luz del campamento de okupas, produciéndose un incendio y una intensa humareda, lo que motivó la llegada de los bomberos.
Los vecinos también achacan el accidente a la práctica de algunos okupas de quemar un par de veces por semana cables robados para sacarles el cobre.
El presidente de la asociación de vecinos de Pedregalejo, Antonio Delgado, que se sumó al corte de la carretera, criticó las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del subdelegado del Gobierno, Jorge Hérnández Mollar del pasado abril, cuando aseguraron que en dos meses el campamento okupa quedaría desmantelado. «Crean unas expectativas de alivio para los vecinos y ahora dicen que hay problemas jurídicos, pues mejor es que se hubiesen callado», dijo.
El presidente vecinal informó además de que la asociación de vecinos de Pedregalejo va a denunciar el caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz, y está a la espera de enviarle toda la documentación. Antonio Delgado recordó que su colectivo se ha reunido con todos los responsables posibles para transmitirles las quejas por la situación de abandono de los Baños del Carmen y el perjuicio que causa el campamento ilegal a los vecinos, aportando además documentos. En este sentido explicó que las dos últimas reuniones han sido con el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, José Luis Ruiz, así como con el nuevo jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González.
Según denuncian los vecinos, el anuncio de desalojo ha provocado la llegada de más okupas, a lo que se suma el aumento de indigentes de todos los veranos y por otro, la ocupación de dos casas mata junto al mercado de Pedregalejo por un grupo de antiguos okupas de los Baños del Carmen.
martes, 21 de agosto de 2012
La Junta se "olvida" de las 'tecnocasas' y abandona una decena de solares en el Centro de Málaga
La Consejería de Fomento no aclara el futuro de un proyecto que ha dejado sin base legal y que acumula un retraso de siete años
Siete años, una decena de solares abandonados en el centro de la ciudad, más de ocho millones de euros reservados para expropiaciones, otros tres sin pagar todavía a los propietarios de fincas a los que corresponden, proyectos de promociones de viviendas públicas redactados y guardados en el cajón... Es el balance de las 'tecnocasas', un término que ha acabado por hacerse un hueco en el vocabulario del urbanismo malagueño pero siempre asociado a incumplimientos y retrasos. Y es que de ellos se compone la historia que hace ahora siete años -el 3 de agosto de 2005- empezaron a escribir el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que tuviera el final feliz de ver un casco antiguo repoblado con jóvenes emprendedores y empleados del Parque Tecnológico habitando viviendas públicas en sectores degradados como Lagunillas o la trasera de la calle Carretería.
El desenlace ha sido muy distinto. Todas las circunstancias se han vuelto en contra de una iniciativa por la que el Gobierno andaluz apostó muy fuerte inicialmente, llegando incluso a crear una oficina que tuvo su sede en la calle Ollerías, y que luego ha dejado que se desinfle hasta llegar a la actual crisis que todo lo aparca por falta de recursos. La nueva Consejería de Fomento, en manos de IU, no aclara qué va a pasar. «El expediente es de una gran complejidad y lo están estudiando con detalle», señalaron desde la sede central de Fomento, en Sevilla.
Sin embargo, no todo ha sido carestía económica en siete años en los que la lentitud de los trámites burocráticos y la falta de impulso del binomio Junta-Ayuntamiento, enrocado en el enfrentamiento político de partidos de distinto signo, han tenido mucho que ver en que no se haya puesto ni un solo ladrillo de las 'tecnocasas', que empezaron por trescientas y luego se redujeron a la mitad aproximadamente.
Un buen número de propietarios de las fincas a expropiar para dar paso al nuevo concepto de VPO mostraron su protesta al no poder desarrollar proyectos inmobiliarios que ya tenían en marcha y a los que tuvieron que renunciar por la reserva de las parcelas que marcaron la Junta y el Consistorio. Luego vinieron más quejas porque, después de no poder hacer negocio con sus propiedades, rehabilitando edificios para viviendas o levantándolas de nueva construcción, el Gobierno andaluz se retrasaba en los pagos de las expropiaciones que tramitaba la Gerencia Municipal de Urbanismo. Finalmente, reservó más de ocho millones de euros pero, a día de hoy, todavía debe más de tres millones para terminar de cumplir con su compromiso con los particulares a los que hurtó la posibilidad de realizar sus proyectos.
Con licencia de obras
Y mientras a duras penas se han llevado a cabo las expropiaciones, en los solares lo único que se ha materializado son los sondeos arqueológicos para unas obras que han quedado aparcadas. La más avanzada de todas ellas es la de Lagunillas, para la que incluso el Gobierno andaluz llegó a solicitar licencia municipal, que se evacuó el pasado mes de marzo. Sin embargo, el permiso no significa un inicio inmediato de los trabajos, ya que la Junta ha reconocido que no tiene recursos para poder acometer este proyecto de casi un centenar de viviendas públicas. Sus responsables han llegado incluso a plantear la posibilidad de cederlo a una promotora privada para que lo gestione y desarrolle. Nada está claro tras siete años que han dado como resultado una amalgama de solares y edificios ruinosos que pueden ser contemplados cuando se pasea por las calles Victoria o Lagunillas.
Lo mismo puede decirse de los vacíos en Cobertizo del Conde, donde las casas que a duras penas se mantenían en pie han sido demolidas recientemente tras extraer las pinturas del siglo XVIII que aún conservaban sus fachadas, o en Gigantes, todavía un enorme hueco en la trasera de la calle Carretería. Pero también de las parcelas abandonas en el entorno de la iglesia de San Felipe Neri (Parras, Alta y Chinchilla) y en la zona de las Biedmas, próximas al Museo del Vino. Todo un recorrido por solares con proyectos de viviendas protegidas que difícilmente podrán ahora hacerse realidad, pero que llevan más de un lustro planificadas.
En todo caso, ninguna de las promociones previstas serán ya 'tecnocasas', según el concepto que la Junta, de la mano del arquitecto Salvador Moreno Peralta, ideó a mediados de la pasada década. Es decir, viviendas en alquiler para jóvenes con un espacio vinculado para el 'teletrabajo'. Un decreto del propio Gobierno andaluz que está en vigor desde principios de este año ha suprimido el precepto legal al que se acogía esta singular modalidad de VPO, por lo que la adjudicación de las casas que se realicen algún día en estos suelos tendrá que pasar forzosamente por el registro de demandantes de viviendas protegidas que gestiona el Ayuntamiento, el filtro establecido por la Junta para la selección de todos los compradores de pisos de VPO en Málaga, ya sean promovidos por una administración publica o una empresa privada.
Siete años, una decena de solares abandonados en el centro de la ciudad, más de ocho millones de euros reservados para expropiaciones, otros tres sin pagar todavía a los propietarios de fincas a los que corresponden, proyectos de promociones de viviendas públicas redactados y guardados en el cajón... Es el balance de las 'tecnocasas', un término que ha acabado por hacerse un hueco en el vocabulario del urbanismo malagueño pero siempre asociado a incumplimientos y retrasos. Y es que de ellos se compone la historia que hace ahora siete años -el 3 de agosto de 2005- empezaron a escribir el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que tuviera el final feliz de ver un casco antiguo repoblado con jóvenes emprendedores y empleados del Parque Tecnológico habitando viviendas públicas en sectores degradados como Lagunillas o la trasera de la calle Carretería.
El desenlace ha sido muy distinto. Todas las circunstancias se han vuelto en contra de una iniciativa por la que el Gobierno andaluz apostó muy fuerte inicialmente, llegando incluso a crear una oficina que tuvo su sede en la calle Ollerías, y que luego ha dejado que se desinfle hasta llegar a la actual crisis que todo lo aparca por falta de recursos. La nueva Consejería de Fomento, en manos de IU, no aclara qué va a pasar. «El expediente es de una gran complejidad y lo están estudiando con detalle», señalaron desde la sede central de Fomento, en Sevilla.
Sin embargo, no todo ha sido carestía económica en siete años en los que la lentitud de los trámites burocráticos y la falta de impulso del binomio Junta-Ayuntamiento, enrocado en el enfrentamiento político de partidos de distinto signo, han tenido mucho que ver en que no se haya puesto ni un solo ladrillo de las 'tecnocasas', que empezaron por trescientas y luego se redujeron a la mitad aproximadamente.
Un buen número de propietarios de las fincas a expropiar para dar paso al nuevo concepto de VPO mostraron su protesta al no poder desarrollar proyectos inmobiliarios que ya tenían en marcha y a los que tuvieron que renunciar por la reserva de las parcelas que marcaron la Junta y el Consistorio. Luego vinieron más quejas porque, después de no poder hacer negocio con sus propiedades, rehabilitando edificios para viviendas o levantándolas de nueva construcción, el Gobierno andaluz se retrasaba en los pagos de las expropiaciones que tramitaba la Gerencia Municipal de Urbanismo. Finalmente, reservó más de ocho millones de euros pero, a día de hoy, todavía debe más de tres millones para terminar de cumplir con su compromiso con los particulares a los que hurtó la posibilidad de realizar sus proyectos.
Con licencia de obras
Y mientras a duras penas se han llevado a cabo las expropiaciones, en los solares lo único que se ha materializado son los sondeos arqueológicos para unas obras que han quedado aparcadas. La más avanzada de todas ellas es la de Lagunillas, para la que incluso el Gobierno andaluz llegó a solicitar licencia municipal, que se evacuó el pasado mes de marzo. Sin embargo, el permiso no significa un inicio inmediato de los trabajos, ya que la Junta ha reconocido que no tiene recursos para poder acometer este proyecto de casi un centenar de viviendas públicas. Sus responsables han llegado incluso a plantear la posibilidad de cederlo a una promotora privada para que lo gestione y desarrolle. Nada está claro tras siete años que han dado como resultado una amalgama de solares y edificios ruinosos que pueden ser contemplados cuando se pasea por las calles Victoria o Lagunillas.
Lo mismo puede decirse de los vacíos en Cobertizo del Conde, donde las casas que a duras penas se mantenían en pie han sido demolidas recientemente tras extraer las pinturas del siglo XVIII que aún conservaban sus fachadas, o en Gigantes, todavía un enorme hueco en la trasera de la calle Carretería. Pero también de las parcelas abandonas en el entorno de la iglesia de San Felipe Neri (Parras, Alta y Chinchilla) y en la zona de las Biedmas, próximas al Museo del Vino. Todo un recorrido por solares con proyectos de viviendas protegidas que difícilmente podrán ahora hacerse realidad, pero que llevan más de un lustro planificadas.
En todo caso, ninguna de las promociones previstas serán ya 'tecnocasas', según el concepto que la Junta, de la mano del arquitecto Salvador Moreno Peralta, ideó a mediados de la pasada década. Es decir, viviendas en alquiler para jóvenes con un espacio vinculado para el 'teletrabajo'. Un decreto del propio Gobierno andaluz que está en vigor desde principios de este año ha suprimido el precepto legal al que se acogía esta singular modalidad de VPO, por lo que la adjudicación de las casas que se realicen algún día en estos suelos tendrá que pasar forzosamente por el registro de demandantes de viviendas protegidas que gestiona el Ayuntamiento, el filtro establecido por la Junta para la selección de todos los compradores de pisos de VPO en Málaga, ya sean promovidos por una administración publica o una empresa privada.
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