Siete años, una decena de solares abandonados en el centro de la ciudad, más de ocho millones de euros reservados para expropiaciones, otros tres sin pagar todavía a los propietarios de fincas a los que corresponden, proyectos de promociones de viviendas públicas redactados y guardados en el cajón... Es el balance de las 'tecnocasas', un término que ha acabado por hacerse un hueco en el vocabulario del urbanismo malagueño pero siempre asociado a incumplimientos y retrasos. Y es que de ellos se compone la historia que hace ahora siete años -el 3 de agosto de 2005- empezaron a escribir el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que tuviera el final feliz de ver un casco antiguo repoblado con jóvenes emprendedores y empleados del Parque Tecnológico habitando viviendas públicas en sectores degradados como Lagunillas o la trasera de la calle Carretería.
El desenlace ha sido muy distinto. Todas las circunstancias se han vuelto en contra de una iniciativa por la que el Gobierno andaluz apostó muy fuerte inicialmente, llegando incluso a crear una oficina que tuvo su sede en la calle Ollerías, y que luego ha dejado que se desinfle hasta llegar a la actual crisis que todo lo aparca por falta de recursos. La nueva Consejería de Fomento, en manos de IU, no aclara qué va a pasar. «El expediente es de una gran complejidad y lo están estudiando con detalle», señalaron desde la sede central de Fomento, en Sevilla.
Sin embargo, no todo ha sido carestía económica en siete años en los que la lentitud de los trámites burocráticos y la falta de impulso del binomio Junta-Ayuntamiento, enrocado en el enfrentamiento político de partidos de distinto signo, han tenido mucho que ver en que no se haya puesto ni un solo ladrillo de las 'tecnocasas', que empezaron por trescientas y luego se redujeron a la mitad aproximadamente.
Un buen número de propietarios de las fincas a expropiar para dar paso al nuevo concepto de VPO mostraron su protesta al no poder desarrollar proyectos inmobiliarios que ya tenían en marcha y a los que tuvieron que renunciar por la reserva de las parcelas que marcaron la Junta y el Consistorio. Luego vinieron más quejas porque, después de no poder hacer negocio con sus propiedades, rehabilitando edificios para viviendas o levantándolas de nueva construcción, el Gobierno andaluz se retrasaba en los pagos de las expropiaciones que tramitaba la Gerencia Municipal de Urbanismo. Finalmente, reservó más de ocho millones de euros pero, a día de hoy, todavía debe más de tres millones para terminar de cumplir con su compromiso con los particulares a los que hurtó la posibilidad de realizar sus proyectos.
Con licencia de obras
Y mientras a duras penas se han llevado a cabo las expropiaciones, en los solares lo único que se ha materializado son los sondeos arqueológicos para unas obras que han quedado aparcadas. La más avanzada de todas ellas es la de Lagunillas, para la que incluso el Gobierno andaluz llegó a solicitar licencia municipal, que se evacuó el pasado mes de marzo. Sin embargo, el permiso no significa un inicio inmediato de los trabajos, ya que la Junta ha reconocido que no tiene recursos para poder acometer este proyecto de casi un centenar de viviendas públicas. Sus responsables han llegado incluso a plantear la posibilidad de cederlo a una promotora privada para que lo gestione y desarrolle. Nada está claro tras siete años que han dado como resultado una amalgama de solares y edificios ruinosos que pueden ser contemplados cuando se pasea por las calles Victoria o Lagunillas.
Lo mismo puede decirse de los vacíos en Cobertizo del Conde, donde las casas que a duras penas se mantenían en pie han sido demolidas recientemente tras extraer las pinturas del siglo XVIII que aún conservaban sus fachadas, o en Gigantes, todavía un enorme hueco en la trasera de la calle Carretería. Pero también de las parcelas abandonas en el entorno de la iglesia de San Felipe Neri (Parras, Alta y Chinchilla) y en la zona de las Biedmas, próximas al Museo del Vino. Todo un recorrido por solares con proyectos de viviendas protegidas que difícilmente podrán ahora hacerse realidad, pero que llevan más de un lustro planificadas.
En todo caso, ninguna de las promociones previstas serán ya 'tecnocasas', según el concepto que la Junta, de la mano del arquitecto Salvador Moreno Peralta, ideó a mediados de la pasada década. Es decir, viviendas en alquiler para jóvenes con un espacio vinculado para el 'teletrabajo'. Un decreto del propio Gobierno andaluz que está en vigor desde principios de este año ha suprimido el precepto legal al que se acogía esta singular modalidad de VPO, por lo que la adjudicación de las casas que se realicen algún día en estos suelos tendrá que pasar forzosamente por el registro de demandantes de viviendas protegidas que gestiona el Ayuntamiento, el filtro establecido por la Junta para la selección de todos los compradores de pisos de VPO en Málaga, ya sean promovidos por una administración publica o una empresa privada.
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