FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es | MÁLAGA.
• ImprimirMucha prisa va a tener que darse la Junta de Andalucía para cumplir su compromiso de alcanzar el vertido cero de aguas residuales antes del 1 de enero de 2016, fecha límite marcada por la UE para que se garantice el tratamiento del 100% de las aguas fecales en los grandes núcleos de población. Dos años después de que el Consejo de Gobierno declarara como prioritarias 47 obras hidráulicas para completar el mapa del saneamiento en la provincia, la realidad es que a día de hoy no se puede tachar de ese listado ni una sola de las depuradoras, colectores, emisarios y estaciones de bombeo programados. De hecho, a lo más que se ha llegado desde entonces es a culminar infraestructuras que ya estaban en marcha (Torrox, Alameda, Comares y Villanueva del Rosario), además de retomar recientemente el único gran proyecto que está en ejecución: la ampliación de la planta de Guadalmansa (Estepona), después de un año de parálisis por falta de liquidez.
En plena oleada de recortes de los fondos estatales y de los recursos propios de la Administración autonómica, este ambicioso plan presupuestado en 390,1 millones de euros se antojaría inabordable, si no fuera porque desde mayo de 2011 se está cargando en la factura de todos los andaluces el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. Este gravamen, contemplado en la Ley de Aguas de Andalucía, tiene un carácter finalista, de modo que todo el dinero que se recaude no puede tener otro destino que no sea la construcción, ampliación y modernización de depuradoras y demás instalaciones necesarias para evitar que la carga contaminante de ciudadanos, empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas vayan a parar al medio natural sin ningún tipo de filtro.
Las cifras no engañan. Los 1,5 euros que salen mensualmente del bolsillo de los malagueños han permitido engordar las arcas autonómicas con unos 18 millones de euros hasta la fecha, a razón de un millón mensual, según la facturación de los ayuntamientos y entidades suministradoras a los que compete cobrar el recargo y transferirlo a la cuenta corriente de la Junta al final de cada semestre.
Pese a ello, en el seno del Ejecutivo regional ya reconocen las dificultades para hacer frente a esta inversión, sobre todo si las transferencias del Estado acaban menguando. No lo dicen con esas palabras, pero sí se ha establecido un orden de prioridades en el que se apartan las grandes actuaciones de mejora en la Costa (menos urgentes a corto plazo) para centrarse en las más acuciantes, que son las previstas en los pueblos del interior, así como el mantenimiento de lo que ya hay construido y que cubre al 90% de la población censada. «Tenemos que optimizar los recursos, así que vamos a poner todo nuestro empeño en el Valle del Guadalhorce, ya que estamos hablando de grandes núcleos urbanos que no pueden permanecer más tiempo en esta situación». No le falta razón al delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Javier Carnero, consciente de que el río Guadalhorce tiene que dejar de ser el sumidero donde van a parar los residuos que genera toda la comarca.
Un objetivo que pasa ineludiblemente por impulsar en los próximos meses la construcción de la depuradora de Álora, Pizarra y Coín (éste último municipio ha renunciado a sus planes de tener estación propia debido a las dificultades para asumir el mantenimiento) y de los colectores que llevarán las aguas de Cártama y Alhaurín el Grande hasta la depuradora de Málaga, dos actuaciones que fueron adjudicadas hace más de un lustro por 5,4 y 6 millones de euros, respectivamente.
Cuestión de prioridades
En cambio, la que sí que va a tener que esperar es la tercera planta de la capital, concebida para dar servicio a buena parte del área metropolitana (Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Campanillas, Churriana y Puerto de la Torre). «No urge, pero eso no significa que se quede aparcada», precisa Carnero. Un mensaje que contrasta con el que transmite el gerente de la empresa municipal de aguas (Emasa), José Luis Rodríguez, quien reitera que las dos plantas de la ciudad (Guadalhorce y Peñón del Cuervo) «están al límite de su capacidad», a la par que lamenta que la Junta no haya contestado al «interés mostrado» por la entidad a comienzos de año para participar en su construcción y posterior explotación. Idéntico criterio se aplicará en el litoral occidental, toda vez que el parón del desarrollo residencial ofrece cierto colchón a la hora de encarar con más calma las ampliaciones de La Víbora (Marbella), La Cala de Mijas y Manilva.
La que sí que urge desde hace décadas es la depuradora de Nerja, la última gran infraestructura hidráulica para completar el saneamiento integral de la Costa del Sol y que correrá por cuenta del Gobierno central. Después de décadas en el cajón, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acaba de adjudicar las obras a la Ute integrada por Isolux, Corsan y Corviam, que hizo la oferta económica más baja, de 19,2 millones de euros. De momento, en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 se contempla una partida de unos 2,5 millones de euros en la que estaría incluida esta infraestructura.
El Ejecutivo central también se comprometió en mayo a llevar a cabo 14 centros de tratamiento para garantizar la depuración de las aguas fecales de 19 pueblos de la Serranía de Ronda y los valles del Genal y el Guadiaro (unos 15.000 habitantes), para lo que será necesario invertir otros 20 millones. Esta intervención se llevará a cabo en virtud de un convenio con la Diputación Provincial, que se ocupará de la redacción de los proyectos. De momento no ha trascendido si los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene contendrán alguna partida para iniciar estas obras.
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